Característica desconcertante del comportamiento ciudadano en Colombia, al momento de ejercer sus derechos en materia política y partidista, es la significativa carencia de lógica y racionalidad que manifiesta. Las decisiones informadas se destacan por su ausencia, es decir, aquellas surgidas del conocimiento autónomo, estructural e histórico, del análisis socioeconómico y cultural, de la reflexión ética sobre el bien común; y, en último término, de la visión tenida acerca del tipo deseado de nación, sociedad, país, Estado y forma de gobierno. A cambio, en forma espontánea se asumen las decisiones emanadas de condiciones emocionales, reacciones primarias, tradiciones familiares, anécdotas circunstanciales, simpatías e intereses personales, ideologías nunca cuestionadas, transacciones comerciales y propaganda. En consecuencia, afloran las contradicciones entre los fines sociales y los intereses particulares; entre la formulación teórica de la Constitución Nacional y la aplicación efectiva de sus principios filosóficos, políticos y de gestión; entre las aspiraciones fundamentales de las comunidades y los grupos de poder instalados en las instituciones del Estado. La democracia ni se entiende ni se aplica, el relacionamiento funcional y la cooperación obligada entre los actores estatales se degrada y corrompe, las instituciones del Estado y el gobierno pierden reconocimiento y legitimidad al percibirse como una supra organización sin responsabilidad frente a la nación; pero, eso sí, muy aplicada al logro de intereses particulares y muy poco al de la satisfacción de las necesidades y los problemas del país. Otros aspectos inquietantes de la práctica política en Colombia, por sus errores implícitos, son procedimentales. El primero, la obligación de formular planes de gobierno solo cuando se ha resultado elegido y no para las campañas electorales, en las cuales apenas se usan estrategias publicitarias y mercantiles a partir de eslóganes vacíos, lo que impide que los electores dispongan de planteamientos serios para el estudio y valoración de alternativas estructurales y de largo aliento para el país. La segunda, la carencia de partidos y movimientos de verdadera oposición programática, que resulten ser convincentes y viables, o que se encuentren enraizados en las más profundas necesidades de la sociedad. En diciembre de 1943, el gran colombiano Hernando Agudelo Villa advertía lo siguiente: “La democracia colombiana adolece de vicios disolventes: la indefinición de sus partidos, que carecen de plataformas de acción concretas y definidas, y la carencia de organismos técnicos de ejecución que conviertan la especulación en hechos y realidades” (p. 401) . Muchos colombianos desconocen que la democracia no es solo una forma de gobierno o de alternancia periódica de partidos políticos y funcionarios en el ejercicio del poder; que es mucho más: la forma cultural, por excelencia, de organización y convivencia razonable de una nación; al menos, así se ha buscado que sea en el mundo occidental y en otras latitudes. Colombia, cuya nación es pluriétnica y multicultural, tiene una razón de más para apreciar y valorar la democracia como mecanismo jurídico de organización social, de gobierno, regulación y administración, responsable de facilitar y tramitar la necesaria conciliación de visiones culturales, territoriales, e intereses diferentes entre particulares, en función del bien común, la solidaridad, el bienestar, la libertad, la justicia y la paz. Una de las más grandes creaciones culturales de la civilización humana ha sido el ideal de la democracia, y uno de sus mayores propósitos el de vivir en democracia. Ese ideal, imaginado en sus orígenes por los antiguos griegos como “vida buena y justa”, se ha desarrollado y configurado paulatinamente a través de convulsos, desgarradores y transformadores movimientos sociales acaecidos en diferentes latitudes del planeta.